Texto: Víctor Bravo Montaner. Fotografía: ARAINFO.
Martes 8 de diciembre de 2021. 3:20 h. Un grupo de unos 12 jóvenes trata de acceder al interior del pub Urano, situado en la calle Fita de Zaragoza, tradicional zona de ambiente LGTBI. Los trabajadores ya los conocían. No eran personas “pacíficas”, ya habían accedido al interior en otras ocasiones para proferir insultos contra el colectivo. Mario, el portero, en un intento de impedir su paso, les pide el pasaporte COVID del que carecían, entonces obligatorio para acceder a lugares de ocio nocturno. En ese momento, se desencadena una brutal agresión. “Empezaron a encararse conmigo y a insultarme. Uno de ellos se acercó al contenedor de vidrio y cogió una botella de cristal. No pensaba que iba a ser capaz de lanzarla”, recuerda el portero ante los medios. Fueron hasta diez las botellas que cayeron al suelo. La agresión continuó con patadas y golpes con cinturones, todo ello al grito de “maricones de mierda” o “sidosos”. La policía se presentó en el lugar de los hechos y los jóvenes se dispersaron, pero el miedo permaneció ahí.
No fue la única agresión homófoba. Un día antes, ocho jóvenes habían agredido verbalmente a una pareja homosexual que se encontraba abrazada a la salida de un bar. Las personas que frecuentan la zona, recuerdan que era un habitual que grupos de radicales agrediesen a personas LGTBI, aunque matizan que había transcurrido “bastante tiempo” desde la última agresión violenta. Para hacer frente a este aumento de la violencia, se ha reforzado la vigilancia policial y el Ayuntamiento instalará cámaras de videovigilancia. Acciones que los bares de la zona consideran insuficientes.
AUMENTO EN LAS AGRESIONES
Las asociaciones LGTBI alertan de un claro incremento en las agresiones. “Se ha producido un aumento en los últimos meses. Lo que más recibimos son agresiones verbales por parte de personas del entorno como vecinos o compañeros de instituto y, también, a través de redes sociales”, explica Alejandro Sierra, técnico de la Asociación SOMOS. Los datos así lo avalan: en 2021 se denunciaron 477 delitos homófobos en el total de España. Este dato supone casi el doble de las denuncias recibidas en 2019, cuando se interpusieron 278.
En medio de esta vorágine de violencia, emerge Internet como la plataforma perfecta para agredir a otras personas. La Policía Nacional constata una tendencia al alza en la propagación del odio a través de redes sociales. “Se ha producido un aumento porque las redes permiten que se propaguen discursos de odio fácilmente. Sin embargo, serían delito solo los casos más graves”, subraya Carlos Franco, interlocutor de delitos de odio de la Policía Nacional de Zaragoza.
Las causas de este aumento son muy complejas de identificar. “El ambiente está enrarecido. Hay una mayor visibilización de las personas, pero a la vez se están lanzando una serie de discursos que legitiman agresiones violentas hacia personas del colectivo”, sostiene Sierra. Según el técnico de SOMOS, el objetivo de estas ideologías es “apartar a los grupos que les incomodan de la vida pública” y para ello utilizan el miedo, “generado con agresiones e insultos”. “Evidentemente, un político no va a decir que hay que pegar a las personas LGTB, pero se va introduciendo de tal manera que se crea un clima de hostilidad”, aclara. La directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, también apunta a las ideologías como causa: “Si hay una ideología que hace de altavoz, la gente se ve influenciada. Son discursos altamente perjudiciales contra los que tenemos que luchar”.
FALTA DE DENUNCIAS
Las asociaciones hablan de un incremento en las agresiones homófobas; sin embargo, conocer exactamente cuántas se producen es prácticamente imposible por la infradenuncia. Es lo que comúnmente se denomina “el iceberg de los delitos de odio”: el número de denuncias totales por delitos de odio es mucho inferior al número real de casos que se producen, principalmente, porque no se denuncian. “Las víctimas no denuncian por no pasar vergüenza ante su entorno, quizá porque existe un contacto estrecho con los agresores si son tu familia o el miedo a las represalias, que está presente en todas las denuncias”, señala Franco. La encuesta sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, publicada en 2021, recoge que muchas víctimas deciden no denunciar porque desconfían de la policía o creen que los agentes no les tomarán en serio. Desde la Policía Nacional defienden que están haciendo todo lo posible por cambiar esta imagen mediante la formación del cuerpo. Otro de los motivos puede ser la tolerancia a la violencia: “Reconozco que he sido víctima de un delito de odio, pero no lo denuncio porque le quito importancia”, según Alejandro Sierra.
No obstante, a la falta de denuncias se añade otro problema: la dificultad de demostrar un delito de odio. En la mayoría de ocasiones, los delitos se producen de forma oral, es decir, “tu palabra contra la mía”. Por ello, desde SOMOS inciden en la importancia de orientar muy bien la denuncia: “Es importante llamar a la policía para que ellos mismos vean la agresión, recabar testigos o pruebas y, si se produce agresión física, acudir a un centro sanitario para acompañar la denuncia de un parte de lesiones”. Teresa Sevillano recuerda que las víctimas “tienen a su disposición recursos públicos para amparar la denuncia”, como el servicio de orientación y asistencia jurídica especializado en materia de igualdad de trato, no discriminación y delitos de odio. Los servicios ofrecidos por el Gobierno aragonés, asistencia jurídica, psicológica, acompañamiento, etc. fueron utilizados en 2021 por medio millar de personas.
En Aragón, solo una persona ha sido condenada por cometer un delito de odio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel condenó en febrero a A.D.G. al pago de una multa por increpar a un joven con insultos homófobos, amenazas de muerte, expresiones intimidatorias y violencia física. Este hecho demuestra la complejidad para que las denuncias lleguen a buen puerto.
Alejandro Borao es un joven estudiante de 21 años. El 4 de diciembre, volviendo a casa de la calle Fita con su novio, se encontró a un conocido que iba acompañado de varios jóvenes. Borao les comentó que era una zona de ambiente LGTB, a lo que agresivamente respondió uno de ellos: “A mí que no se me acerquen”. Se despidió de ellos y volvió a casa, pero al día siguiente recibió un mensaje por Instagram de uno de los chicos, a quien no conocía: “Maricón de mierda, como te vea por la calle te mato”. “Me empecé a preocupar muchísimo –cuenta–. Se lo dije a mi madre y le quitó importancia. Yo era consciente de lo que me había pasado, podía ser el próximo Samuel (en referencia al joven gallego asesinado en La Coruña), pero me daba miedo denunciarlo porque sentía que el chico tomaría represalias”. Este hecho le afectó durante meses. “Tenía miedo de salir a la calle, ir de fiesta o coger de la mano a mi novio, porque ellos me conocían y podían pegarme una paliza”, relata Borao, uno de los perfiles más repetidos entre las víctimas de odio.
LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
Frente al miedo, las asociaciones indican que es importante recibir ayuda psicológica, un servicio que también ofrece el Gobierno de Aragón a través de Psicara. Rubén Somalo, psicólogo responsable del servicio, pone en valor la importancia del empoderamiento: “Las supervivientes de las agresiones pueden ser capaces de darle utilidad a su dolor mediante la realización de conductas que las empoderen, es decir, en un crecimiento personal. No obstante, hay otras personas que se aíslan y viven constantemente creyendo que van a ser agredidas de nuevo, por lo que es importante ayudarles y ofrecerles recursos y ver que también puedan rehacer su vida”. Además, las agresiones en otras zonas de España también afectan a la comunidad LGTB de Aragón. “Muchas personas LGTB conectaron con el asesinato de Samuel Liz. Vivieron miedo y fueron unos meses difíciles porque sentían que también les podía ocurrir a ellos”, concluye Somalo.
¿ES POSIBLE REDUCIR LA HOMOFOBIA?
Ante esta problemática, los agentes sociales coinciden en que es necesario tomar acciones desde la política, especialmente en Aragón, una región muy rural, donde se hace más complejo ser LGTBI. Aragón cuenta con una Ley Trans y otra LGTBI, ambas aprobadas en 2018 con el apoyo unánime de todos los grupos políticos de las Cortes, “algo que no sería posible en la actualidad”, recalca Sevillano. Para Sierra, a las leyes “les falta ambición de cambio y un contenido”. “Nacieron con muy buena intención, pero son derechos de papel. Faltan ganas de trabajarlo y reglamentarlo”, manifiesta. Desde la Dirección General de Igualdad se defienden: “Las competencias no fueron transferidas al Departamento hasta 2020 y no hemos contado con presupuesto propio hasta 2021”. “Dos años es muy poco tiempo para valorar si están surtiendo el efecto deseado, aunque las partes implicadas nos comentan que vamos por buen camino. Sí que es cierto que todo es poco siempre hasta que no se normalicen todas las situaciones de discriminación”, añade la directora general.
Las leyes incluyen la creación de un Observatorio LGTB y un Comité Trans, dos órganos consultivos en los que se reunirán todas las asociaciones LGTB del territorio aragonés con los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón. En la actualidad, se encuentran en fase de constitución. “La principal finalidad es abordar la problemática LGTB y trans, para lanzar sugerencias en materia de igualdad a todos los departamentos del ejecutivo”, expone Dolores Bernal, técnica de la Dirección General de Igualdad. Alejandro Sierra (SOMOS) valora positivamente la constitución de ambos órganos: “Esperamos que tenga unos efectos reales. No deja de ser un enlace con la administración, así no solo las asociaciones serán las encargadas de luchar contra la discriminación”.
Aragón, con sus dos leyes, es una de las comunidades más avanzadas en materia LGTB y en atención específica a los miembros del colectivo. No obstante, el problema sigue ahí, aunque cada vez se dibuja más cerca un mundo en el que no exista la discriminación.
